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El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana ha creado un registro de empresas proveedoras de soluciones tecnológicas para modernizar el transporte por carretera, en el marco del programa de ayudas a autónomos y pymes del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, dotado con 110 millones de euros.&nbsp;Con el fin de facilitar la gestión de las ayudas, la búsqueda de los servicios acordes a las necesidades de las empresas beneficiarias y la implantación de las soluciones de modernización subvencionadas, el Ministerio ha creado la figura de Proveedores de Soluciones de Modernización, que determinará las únicas empresas que podrán prestar las soluciones de modernización subvencionadas a las pymes y autónomos beneficiarios de las ayudas.&nbsp;Así, las empresas del ámbito tecnológico y digital que sean proveedoras de alguna de las soluciones de modernización incluidas en las ayudas al sector del transporte por carretera, podrán solicitar su adhesión al programa de ayudas, mediante el procedimiento publicado en la sede electrónica del Ministerio.&nbsp;Para poder adherirse, entre otros requisitos, las empresas deberán tener el domicilio fiscal y el centro de prestación de las soluciones en la Unión Europea y una facturación acumulada de, al menos, 100.000 euros en los dos años anteriores o 50.000 en el año anterior en proyectos similares (70.000 o 35.000 euros de facturación, respectivamente, para autónomos sin trabajadores a su cargo).

Un registro de empresas proveedoras de soluciones tecnológicas para modernizar el transporte por carretera

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Registro de empresas tecnológicas para modernizar el transporte

El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana ha creado un registro de empresas proveedoras de soluciones tecnológicas para modernizar el transporte por carretera

Transportes crea un registro de empresas tecnológicas para modernizar el transporte por carretera

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Los residuos peligrosos han aumentado en la Unión Europea desde 2004 a pesar de las iniciativas para mejorar su tratamiento, según alertó este lunes el Tribunal de Cuentas de la UE, que recomienda mejorar la clasificación, garantizar la trazabilidad, aumentar el reciclado y combatir el tráfico ilegal.&nbsp;"Los tratamientos preferibles para los residuos peligrosos son el reciclado y la valorización energética. La eliminación solo debería utilizarse como último recurso. Sin embargo, más del 50 % de los residuos peligrosos se sigue eliminando sin más", declaró en un comunicado la auditora del tribunal Eva Lindström.&nbsp;Ese órgano de control comunitario publicó un análisis referido a residuos como sustancias explosivas, irritantes o tóxicas de sectores como la minería, la industria y la construcción, pero también desechos domésticos, medicamentos, pilas usadas, productos de limpieza o aparatos electrónicos.&nbsp;Estos pueden dañar la salud humana y el medioambiente y deben procesarse "en instalaciones de tratamiento especializadas respetando normas y requisitos de seguridad estrictos".&nbsp;"La carga administrativa resultante y los mayores costes para los operadores económicos crean el riesgo de tráfico de residuos peligrosos, por el cual los operadores no declaran los residuos generados como peligrosos y, en su lugar, los vierten ilegalmente o los trasladan ilegalmente a otro lugar", constata el Tribunal de Cuentas.&nbsp;Una mejor clasificación de esos desechos y un rastreo adecuado ayudaría a mejorar su tratamiento, pero "estos residuos se clasifican de manera diferente en los distintos Estados miembros", añade el tribunal, que recomienda a la Comisión Europea "intensificar los esfuerzos para armonizar la legislación".&nbsp;Solo hay seguimiento del 79 % de esos residuos en la UE, dejando una brecha del 21 % sin atender, precisa.&nbsp;El destino ideal de esos residuos al final de su vida útil sería la reutilización o el reciclaje, pero únicamente el 34 % de esos desechos se trata de esa manera porque muchos resultan "no aptos" para otorgarles un segundo uso, y su reciclaje queda "limitado por dificultades técnicas y falta de oportunidades comerciales para los productos del reciclado".&nbsp;No obstante, señalan los auditores de la UE, la mejora de las tecnologías y de la capacidad de reciclado ofrecería "oportunidades" como la recuperación de materias primas fundamentales para aparatos electrónicos, lo que a su vez aportaría un plus de autonomía al bloque comunitario, que importa gran parte de esas materias primas.

"El tráfico y vertido ilegal de residuos peligrosos sigue siendo un negocio lucrativo: se estima que solo el tráfico genera ingresos de entre 1.500 millones y 1.800 millones de euros. La detección, las investigaciones y los enjuiciamientos son muy infrecuentes, y las sanciones, leves", indica el Tribunal de Cuentas.&nbsp;La digitalización se perfila como una herramienta clave para rastrear mejor esos residuos y atajar ese problema, combinado con una activa lucha contra fraudes y un "mecanismo de sanciones disuasorio".&nbsp;Su efecto sería aún mayor si se prohíbe el traslado de todos los residuos destinados a la eliminación, como propuso la Comisión Europea en 2021.&nbsp;El Ejecutivo comunitario ha ido legislando de forma que si bien los Estados miembros son responsables de que se cumplan las exigencias legales, Bruselas puede sancionar a los países que no cumplan.&nbsp;La Comisión dispuso además de una partida presupuestaria de 4.300 millones de euros de financiación comunitaria entre 2014 y 2020 para la gestión de residuos, que se asignaron principalmente a investigación y desarrollo pero que no cubre específicamente los residuos peligrosos.&nbsp;Otras instituciones comunitarias como el Banco Europeo de Inversiones también ofrecen financiación para ese área, recordó el Tribunal de Cuentas.

Tráfico ilegal

Los residuos peligrosos han aumentado en la Unión Europea desde 2004 a pesar de las iniciativas para mejorar su tratamiento.

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Los residuos peligrosos siguen aumentando en la Unión Europea

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La nueva Ley General de Telecomunicaciones incluye la estrategia 'España Digital 2025' para regular los servicios de comunicaciones electrónicas y los aspectos relacionados con los equipos de telecomunicaciones, infraestructuras comunes de telecomunicaciones en edificios y los usos del dominio público radioeléctrico.&nbsp;El Gobierno quiere potenciar las inversiones para el despliegue de redes de nueva generación que ofrezcan velocidades de acceso a Internet que sean superiores a los 100 Mbps por segundo, pero a un precio fijo que no exceda de los 35 euros.&nbsp;Algunas operadoras telefónicas se han adelantado a la fecha marcada por El Gobierno para ofrecer dichas conexiones en los municipios del país, por consiguiente, el 'Programa ÚNICO de Demanda Rural' favorece a los habitantes de la 'España rural'.&nbsp;A pesar de que 2025 era el año, el Ministerio de Transformación Digital pone a disposición de los usuarios un mapa con las zonas de España en las que se podrán contratar los 100 Mbps a partir de junio de este año.&nbsp;El mapa se va actualizando según se vayan incluyendo más zonas, además, el interesado tendrá que hacer zoom sobre la interfaz para ver un lugar concreto.&nbsp;

El Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital indica en su página web que "España Digital 2025 es la agenda para la transformación digital. Una estrategia que recoge un conjunto de medidas, reformas e inversiones, articuladas en diez ejes estratégicos, alineados a las políticas digitales marcadas por la Comisión Europea para el nuevo periodo".&nbsp;El plan centrará sus objetivos en el impulso a la transformación digital del país como una de las palancas fundamentales para relanzar el crecimiento económico, la reducción de la desigualdad, el aumento de la productividad y el aprovechamiento de las oportunidades que brinda la tecnología.

¿Qué es España Digital 2025?

La nueva Ley General de Telecomunicaciones incluye la estrategia 'España Digital 2025' para regular los servicios de comunicaciones electrónicas

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Tu pueblo tendrá Internet por ley

Tu pueblo tendrá Internet por ley: las zonas de España donde podrás contratar 100 Mbps en 2023

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La nueva ley de residuos y suelos contaminados, aprobada en abril de 2022, incluye un impuesto que grava la entrega de residuos para su eliminación en vertederos y la eliminación o valorización energética en instalaciones de incineración y de coincineración. Este impuesto está vigente desde el 1 de enero de 2023, es de ámbito nacional y tiene como objetivo fomentar la prevención, preparación para la reutilización y el reciclado de los residuos.&nbsp;A continuación se analizan las claves de este impuesto utilizando como fuentes la Ley 7/2022, la página web de la Agencia Tributaria y el documento de preguntas y respuestas del Ministerio de Hacienda.

Este impuesto sustituye a los que estuvieran vigentes en las comunidades autónomas. Por el momento se ha cedido su gestión a las comunidades autónomas de Canarias, Cataluña, Galicia, Islas Baleares, Valencia y, en el caso de Andalucía, las funciones de su aplicación las continuará realizando la Agencia Tributaria hasta que sean asumidas por la Junta de Andalucía. Además, las comunidades pueden incrementar la cuantía de los tipos impositivos.&nbsp;Quedan excluidas del ámbito del impuesto las emisiones a la atmósfera; los suelos excavados que no superen los criterios y estándares para ser declarados suelos contaminados; residuos radioactivos; explosivos desclasificados; determinados residuos agrícolas o silvícolas no peligrosos (materias fecales, paja u otro material natural); aguas residuales; subproductos animales; cadáveres de animales; residuos resultantes de la prospección, extracción, tratamiento o almacenamiento en actividades mineras; determinadas sustancias que se utilizan como materia prima para piensos y alimentos.&nbsp;¿Cuál es el hecho imponible?&nbsp;Es la entrega de residuos para su eliminación en vertederos y también para su eliminación o valorización energética en instalaciones de incineración o coincineración autorizadas.&nbsp;¿Cuándo se produce el devengo?&nbsp;Se produce cuando se realiza el depósito de los residuos en el vertedero. Y en el caso de la incineración o coincineración, se devenga en el momento de la incineración o coincineración de los residuos.&nbsp;¿Cuál es la base imponible?&nbsp;Es el peso del residuo depositado en el vertedero, incinerado o coincinerado, expresado en toneladas con tres decimales.&nbsp;¿Quiénes son los contribuyentes y sus sustitutos?&nbsp;Son contribuyentes las personas físicas o jurídicas que realicen el hecho imponible, es decir, quienes entreguen el residuo a la instalación de vertido, incineración o de coincineración. No obstante, la ley señala que son sustitutos de los contribuyentes los operadores de los vertederos y de las instalaciones de incineración y coincineración de residuos. Esto supone que los sustitutos deberán recaudar el impuesto, realizar las liquidaciones a la administración tributaria correspondiente y repercutir el importe del impuesto al contribuyente, que estará obligado a soportarlo. La repercusión se realizará de forma separada en la factura y se aplicará el 10% de IVA correspondiente a los servicios de gestión de residuos.

Información general

Análisis sobre los nuevos impuestos a la eliminación de residuos en vertedero y valorización energética de la nueva ley de residuos y suelos contaminados

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Claves del impuesto a los tratamientos de residuos finalistas

Análisis de ASEGRE sobre los nuevos impuestos a la eliminación de residuos en vertedero y valorización energética de la nueva ley de residuos y suelos contaminados

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Desarrollo, comercialización y gestión de tecnologías de conversión de residuos en energía.

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